Hace solo cinco días durante mi semana distrital, concurrí junto al Diputado Jaime Quintana a la comunidad Antonio Cayupan, sector el Manzano, comuna de Lautaro, a propósito de la inauguración de una sede comunitaria, todo esto bajo un intenso temporal de viento y lluvia y en el que había más de un centenar de comuneros, ceremonia que se inició con la entonación de nuestro himno patrio y bajo el flamear de nuestra tricolor. Nada de contramanifestaciones o muestras del más mínimo rechazo o violencia, por el contrario, un ambiente de cordialidad, y de boca de su dirigente Patricio Carranza, expresiones de respeto para con las autoridades presentes y hacia el Estado Chileno. Esta es la realidad que impera en la inmensidad de la Araucanía, un campesinado con un mestizaje indígena mayor que en otros lugares, pero que al final del día se siente tan chileno como nosotros y con iguales derechos y deberes.
Nada más equivocado y alejado a la incorporación de estos compatriotas al desarrollo económico y cultural del país, que la políticas llevadas a cabo bajo los gobiernos de la concertación, que no han hecho más que dar un trato discriminatorio contra un grupo de compatriotas, vejados al nivel de idiotas, con prebendas electorales y un asistencialismbarato e inorgánico, que no ha conseguido más que mantenerlos al margen del progreso, en una isla seudocultural, por medio de la llamada multiculturalidad que pone límites a la integración nacional o a la falacia de la denominada inclusión social que tanto gustan decir los gobernantes concertacionistas. Se está construyendo artificialmente una lucha cultural, que no consigue más que resaltar el resentimiento racial entre chilenos, en un sector de la población ávida por solucionar sus más elementales necesidades, como lo son el campesinado de nuestra región de la Araucanía. En efecto, el gobierno ha introducido un elemento divisor, favoreciendo a unos y castigando o al menos omitiendo a otros, por la simple casualidad de tener o no un apellido indígena.
Ya nuestro historiador Sergio Villalobos, bien decía en una entrevista publicada en el Mercurio de este último domingo, “en Chile, indígenas puros propiamente no existen. Los pueblos originarios que hay ahora, dice el historiador, no son originarios, sino sus descendientes, como lo somos todos, es decir un pueblo mestizo, con las diversidades propias de la especie humana, pero con un pasado común y lo más importante aún, una comunión de intereses, como diría algún estudioso, una unidad de destino en lo universal”.
Qué sentido tiene entonces, que en lugar de homologar los derechos especialmente de los chilenos más vulnerables, como son los habitantes rurales de la Araucanía, introducir artificialmente una contradicción vital, una sobre expectativa, una segregación racial y finalmente un desorden, o sea, el caldo de cultivo perfecto para que agitadores incluso ajenos a la zona, como se ha reconocido en los últimos días, produzcan un clima de violencia y de conflicto que no se condice con el sentimiento generalizado de quienes se definen como mapuches.
Nada más equivocado y alejado a la incorporación de estos compatriotas al desarrollo económico y cultural del país, que la políticas llevadas a cabo bajo los gobiernos de la concertación, que no han hecho más que dar un trato discriminatorio contra un grupo de compatriotas, vejados al nivel de idiotas, con prebendas electorales y un asistencialismbarato e inorgánico, que no ha conseguido más que mantenerlos al margen del progreso, en una isla seudocultural, por medio de la llamada multiculturalidad que pone límites a la integración nacional o a la falacia de la denominada inclusión social que tanto gustan decir los gobernantes concertacionistas. Se está construyendo artificialmente una lucha cultural, que no consigue más que resaltar el resentimiento racial entre chilenos, en un sector de la población ávida por solucionar sus más elementales necesidades, como lo son el campesinado de nuestra región de la Araucanía. En efecto, el gobierno ha introducido un elemento divisor, favoreciendo a unos y castigando o al menos omitiendo a otros, por la simple casualidad de tener o no un apellido indígena.
Ya nuestro historiador Sergio Villalobos, bien decía en una entrevista publicada en el Mercurio de este último domingo, “en Chile, indígenas puros propiamente no existen. Los pueblos originarios que hay ahora, dice el historiador, no son originarios, sino sus descendientes, como lo somos todos, es decir un pueblo mestizo, con las diversidades propias de la especie humana, pero con un pasado común y lo más importante aún, una comunión de intereses, como diría algún estudioso, una unidad de destino en lo universal”.
Qué sentido tiene entonces, que en lugar de homologar los derechos especialmente de los chilenos más vulnerables, como son los habitantes rurales de la Araucanía, introducir artificialmente una contradicción vital, una sobre expectativa, una segregación racial y finalmente un desorden, o sea, el caldo de cultivo perfecto para que agitadores incluso ajenos a la zona, como se ha reconocido en los últimos días, produzcan un clima de violencia y de conflicto que no se condice con el sentimiento generalizado de quienes se definen como mapuches.
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